Ya es una realidad, al fin el tan ansiado aumento del SMI se ha hecho real, beneficiando directamente a nada menos que a 2,5 millones de trabajadores. Efectivamente, aumenta el Salario Mínimo Interprofesional, 2019 hasta los 900 euros mes gracias al acuerdo alcanzado en el consejo de ministros reunido en enero en Barcelona.
Con esta medida económica, el gobierno ha cumplido el acuerdo presupuestario que pactó con Podemos para el año siguiente con un Real Decreto que no necesita una convalidación del Congreso de los Diputados.
Este 22,3 % de aumento es la mayor subida del SMI que se ha producido jamás en España, comparable únicamente con el que se realizó en 1977, que, aunque fue algo superior, alcanzando el 29,4 %, no tuvo efectos tan significativos, pues el aumento se hizo progresivo en dos fases, la primera de las cuales se llegó al 15,8 % y la segunda, poco después, con el resto de 13,6 %.
Si las cifras de incremento del SMI actual las comparamos con las de otros países del entorno, comprobaremos que nos mantenemos en los mismos niveles, a excepción de Luxemburgo que llegó a realizar una subida del 27 % y de Portugal que llegó hasta el 36,2 % en la última década.
Una subida, la que se produce en nuestro país, que no solo viene a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y a potenciar el consumo, sino que viene también a cumplir con lo exigido por la Carta Social Europea, la cual es la que tiene la potestad de establecer el Salario Mínimo Interprofesional en todos los estados que pertenecen a la Unión Europea y, como directriz, se toma la medida correspondiente al 60 % del salario medio del país, y que en España corresponde a 1.126 euros mes, por lo que esos 900 euros todavía quedan lejos de lo que se debería alcanzar para estar en armonía con el resto de países de la eurozona.
Los trabajadores que cobraban el mínimo estipulado comenzarán a cobrar ipso facto, con la entrada del nuevo año, nada menos que 164,1 euros más, pero este no será el único beneficiario de esta importante subida.
Beneficiarios del aumento del SMI en 2019
Aunque este incremento en las nóminas de los trabajadores ha supuesto un revuelo mediático, político y social con diferentes opiniones sobre las repercusiones económicas que tendrá a corto, medio y largo plazo, a nadie se le escapa que España sigue a la cola en este sentido, siendo como es un país de cabeza en Europa en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Los países con los SMI,s más elevados coinciden con los más pujantes, lo que muestra claramente el valor positivo que tiene este aumento en cualquier economía.
Y es lógico que así sea si pensamos que el ciudadano va tener un mayor poder adquisitivo, lo que significa que tendrá una mayor capacidad de consumo, con lo que la economía en general se reactivará, produciéndose un efecto dominó en el que los trabajadores comprarán más, las empresas aumentarán en beneficios y, por tanto, en su producción, con lo que necesitarán contratar más empleados, y estos a su vez tendrán más dinero para consumir, etc, fortaleciendo el tejido industrial y empresarial del país.
Esta repercusión lógica, que lo que hace es redistribuir un poco más equitativamente el dinero, tiene más beneficiarios, el primero de ellos el propio gobierno, ya que como resultado de una subida tan importante en las nóminas aumentarán las recaudaciones en la Seguridad Social, ya sea por el IRPF o por el IVA, con lo que mejorará exponencialmente la economía con las que los distintos gobiernos se abastecen para sacar adelante este país.
Por otra parte, algo que no es demasiado conocido es que, aunque esta medida no afectará a todos los trabajadores, puesto que si el salario que se percibía ya era superior no se notará un cambio significativo, sí que se verán mejoradas ciertas condiciones para todos ellos, indirectamente. Po poner algún ejemplo, subirá la cantidad del salario protegido, aquel que no puede ser embargado, así como los límites del salario de Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), que, como sabemos, es el organismo que se encarga de pagar los salarios e indemnizaciones a los trabajadores que quedan pendientes cuando la empresa se declara insolvente o en concurso de acreedores, y que depende directamente del Ministerio de Trabajo.
