Los casos más sonados del año de anulación de juicios por problemas de carácter técnico y procedimental

¿Cuántas veces hemos oído en las películas y series sobre juicios esa famosa frase que dice que se anula el junio porque las grabaciones no son válidas? Pues no sólo pasa en la pequeña y gran pantalla, forma parte del día a día del sistema judicial español. Uno de los últimos casos que ha saltado a la prensa es la anulación por parte de la sala de lo penal del Tribunal Supremo de una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz por deficiencias técnicas de los audios, quedando pendiente de la celebración de un nuevo juicio el hombre acusado de un delito continuado de abusos sexuales. En abril de 2017 quedó desestimado el primer proceso basándose en que se vulneró su derecho a la tutela judicial por un mal funcionamiento del mecanismo de grabación.

El Tribunal Supremo sugiere que, dado que el sistema de documentación de los juicios orales es actualmente “insatisfactorio”, debe mejorarse y completarse con una transcripción del juicio realizada por estenotipistas. Rechaza por tanto las transcripciones a papel de las grabaciones realizadas en soportes digitales tanto sonoros como audiovisuales de los testimonios y pruebas periciales. Desde el Supremo se reclama que las administraciones competentes mejoren los recursos técnicos a disposición de la Administración de Justicia para evitar que casos como este puedan volver a suceder. ¿Qué hacer entonces ante la falta de recursos? El Tribunal Supremo propone que se tendrá en cuenta el acta extendida por el letrado de la Administración de Justicia mientras no se disponga de otros medios de grabación más avanzados o no se pueda garantizar la integridad.

Anulaciones por fallos informáticos

No es el único caso de problemas técnicos que afectan a procesos judiciales. Un fallo informático en la Ciudad de la Justicia de Castellón impidió la celebración de 20 juicios orales que estaban fechados en día 24 de enero de este año en los juzgados de lo social, lo penal, mercantil, instrucción, menores, familia y contencioso-administrativo. La incidencia que afectó a cientos de profesionales, acusados y testigos se debió al mal funcionamiento del programa informático responsable de la grabación de los juicios empleado por los magistrados en el proceso de dictar sentencia, un hardware que se conoce como Alcorten Sala.

El caso Guateque

Otra anulación muy sonada este año es la del caso Guateque. El pasado mes de julio la Audiencia Provincial de Madrid consideraba nulas y carentes de validez todas las pruebas practicadas durante la instrucción y, como consecuencia, quedaban absueltos todos los procesados. Entre los acusados figuraban responsables de la concesión de licencias presuntamente implicados en una red de cobro de comisiones presuntamente ilegales durante la etapa de Gobierno del ex alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. Según se relata en los medios de comunicación, el juez Santiago Torres no autorizó la grabación que dio origen a la investigación tomada a un empresario por parte de un ciudadano. La polémica decisión se extendía al dispositivo de grabación. Los magistrados consideraron que la grabadora fue proporcionada por personas de la Comandancia del Cuerpo de la Guardia Civil en Madrid para dejar constancia de la conversación con un profesional supuestamente implicado en la trama del Ayuntamiento de Madrid sin su conocimiento. Se considera probado que, tras valorar el testimonio grabado, la Guardia Civil tomó declaración al denunciante sin hacer referencia a que los medios técnicos con los que se llevó a cabo la primera grabación fueron cedidos por agentes del cuerpo de seguridad del Estado. Por el contrario, la unidad de la Guardia Civil mantuvo que el denunciante había grabado la conversación con el supuesto implicado en la trama corrupta por iniciativa propia empleando recursos propios. Ni la grabadora ni la cinta magnetofónica fueron entregadas al juzgado de instrucción.

La teoría de los frutos del árbol envenenado

En este último caso se aplicó la llamada teoría de los frutos del árbol envenenado que señala que las pruebas obtenidas de manera irregular afectan a todo el proceso desarrollado a posteriori. Este proceso “carece de verdadera motivación” debido a que se sustenta sobre un atestado de la Guardia Civil que presuntamente oculta información esencial de forma presuntamente deliberada, lo que el tribunal interpreta como una vulneración del derecho fundamental de tutela judicial efectiva e indefensión.

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